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POLITICA

Dos provincias argentinas enfrentan disputas judiciales por obras ambientales y créditos internacionales

En San Luis buscan remover a una jueza por un fallo millonario, mientras la Justicia emplaza al ministro Caputo por un crédito del Banco Mundial para Buenos Aires.

En San Luis, el gobernador Claudio Poggi impulsa la remoción de una jueza por un fallo que ordena al Estado pagar mil millones de pesos en honorarios a abogados ambientalistas por daños de una obra que nunca se ejecutó.

Paralelamente, la Justicia federal emplazó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que defina si avala un crédito del Banco Mundial por US$270 millones destinado a obras de saneamiento en la cuenca del Río de la Plata, solicitado por la provincia de Buenos Aires.

Dos provincias argentinas, San Luis y Buenos Aires, enfrentan procesos judiciales que involucran montos millonarios y decisiones de funcionarios nacionales y provinciales, según reportes de Clarín y La Nación.

San Luis: pedido de remoción de una jueza por fallo ambiental

El gobernador Claudio Poggi, a través de la Fiscalía de Estado, solicitó la remoción de una jueza por un fallo que calificó de "estrafalario", que ordena a la provincia pagar mil millones de pesos en honorarios a abogados de una agrupación ambientalista que se opone a un acueducto proyectado durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y busca crear una reserva ecológica.

— Clarín

El monto corresponde a honorarios de los abogados de una agrupación ambientalista que rechaza un proyecto de acueducto de la gestión de Alberto Rodríguez Saá y busca crear una reserva ecológica, según Clarín.

Buenos Aires: emplazamiento a Caputo por crédito del Banco Mundial

La Justicia federal emplazó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que defina si avala un crédito del Banco Mundial por US$270 millones solicitado por la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, para obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata. El Ministerio de Economía demora una respuesta desde 2024.

— La Nación

Ambos casos reflejan tensiones entre los poderes ejecutivos provinciales y el sistema judicial, así como demoras en la gestión de financiamiento internacional para infraestructura ambiental.

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