Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, impugnando las sanciones impuestas en su contra mediante la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Trump el 6 de febrero de 2025. Las magistradas son Kimberly Prost (Canadá), Solomy Balungi Bossa (Uganda) y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benín).

Según la demanda, las sanciones son "manifiestamente ilegales" y exceden la autoridad presidencial, violando el derecho internacional y contradiciendo leyes del Congreso. Las juezas alegan que la orden ejecutiva se basa en una supuesta emergencia nacional inexistente y que las medidas son "arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley", en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, Prost y Bossa consideran que la congelación de activos bancarios viola el debido proceso.

Las sanciones fueron impuestas en represalia por la participación de las juezas en casos relacionados con crímenes en la Franja de Gaza y la investigación contra personal estadounidense en Afganistán. En una declaración, las juezas señalaron que las sanciones afectaron "profundamente muchos aspectos" de sus vidas personales y constituyen "un ataque a la independencia judicial y una amenaza para la importante labor de la Corte de impartir justicia a las víctimas de los crímenes más graves".

Declaraciones de las juezas

La jueza Solomy Balungi Bossa declaró en un acto en Madrid: "No sabemos si tendremos éxito o no, pero al menos queremos que se recuerde que tratamos de pelear esta impunidad".

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Bossa también denunció el carácter discriminatorio de las sanciones, señalando que de los cinco jueces que tomaron la decisión por unanimidad, solo dos fueron sancionados, lo que a su juicio evidencia que "la nacionalidad importa". Criticó además el racismo y machismo en las medidas, recordando que ella proviene del Sur Global y es mujer.

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La demanda busca que se declare ilegal la Orden Ejecutiva 14203 y se suspenda su aplicación. Las juezas están representadas por la ONG Open Society Foundation, que emitió un comunicado al respecto.