ARCA y el "tapón fiscal"

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) instruyó a sus inspectores sobre cómo actuar en las fiscalizaciones vinculadas con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), eje central de la Ley de Inocencia Fiscal. Según un comunicado interno del organismo, antes de iniciar una verificación sobre períodos anteriores a 2025, los inspectores deberán constatar si el contribuyente se adhirió al esquema, presentó la Declaración Jurada Simplificada y efectuó el pago del impuesto correspondiente. Si se cumplen esos requisitos, el caso debe desestimarse por resultar aplicable la presunción de exactitud, conocida como "tapón fiscal", prevista en el artículo 40 de la Ley 27.799.

El abogado tributarista Diego Fraga señaló que la llamada 'inocencia fiscal' no es una norma autónoma, sino el espíritu de un paquete de medidas que busca cambiar la lógica tradicional de control: pasar de un sistema en el que el contribuyente muchas veces parece tener que demostrar que no hizo nada mal, a otro en el que ARCA debería fiscalizar con reglas más claras.

— El Cronista

La medida busca limitar las facultades del fisco para realizar verificaciones sobre los tres períodos anteriores al ejercicio en el que se presenta la declaración jurada, salvo en determinados casos como la detección de discrepancias significativas.

Ratificación de condiciones de prisión domiciliaria de CFK

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones impuestas a Cristina Kirchner para cumplir su condena bajo prisión domiciliaria. La Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó el uso de tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y las limitaciones para acceder a la terraza del edificio. Hornos y Barroetaveña votaron por rechazar el recurso de la defensa, mientras que Borinsky se pronunció en disidencia y propuso dejar sin efecto las restricciones.

Cristina Kirchner cumple desde el 17 de junio de 2025 una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme el 10 de junio de ese año, cuando la Corte Suprema rechazó el último planteo de su defensa.

Los abogados de la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado una flexibilización de sus condiciones de encierro, argumentando que durante casi un año no se registraron incumplimientos y que el domicilio cuenta con custodia policial permanente.

— Infobae