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Gobierno avanza en agosto con incertidumbre sobre votos para reformas clave

Negociaciones con gobernadores y divisiones internas complican el tratamiento de proyectos prioritarios como la reforma electoral y los subsidios al gas.

El Gobierno nacional llega a agosto sin una estrategia clara para asegurar los votos necesarios en el Congreso para sus reformas más urgentes, según reportes de Perfil y TN. La falta de consenso interno y las demandas de aliados provinciales retrasan avances en proyectos como la reforma electoral y los ajustes en subsidios energéticos.

La Casa Rosada enfrenta divisiones sobre el momento adecuado para negociar con gobernadores: un sector apuesta por cerrar acuerdos antes de presentar los proyectos en el Congreso, mientras otro considera que las condiciones aún no están maduras. La dependencia de los mandatarios provinciales, que exigen fondos y ajustes en sus jurisdicciones, agrega complejidad a las tratativas.

Reformas en stand-by

El oficialismo prioriza al menos tres iniciativas: la reforma electoral, los cambios en los subsidios al gas y ajustes económicos adicionales. Sin embargo, la sesión frustrada por la ley de propiedad privada —mencionada por Perfil— dejó al Gobierno con negociaciones abiertas en múltiples frentes, sin un cronograma definido para su tratamiento parlamentario.

Diferencias internas

Dentro de la Casa Rosada existen posturas encontradas sobre la viabilidad de avanzar con la reforma electoral en agosto. Según TN, un grupo considera que el proyecto podría aprobarse este mes, mientras otro lo describe como "súper verde" y advierte sobre riesgos en la estrategia de negociación con los gobernadores.

La discusión pasa por si los acuerdos electorales con los mandatarios provinciales deben cerrarse antes o después del debate en el Congreso, lo que refleja la tensión entre urgencia política y condiciones técnicas.

— TN

Contexto provincial

Los gobernadores, además de exigir recursos para sus provincias, buscan incidir en el diseño de las reformas. Perfil señala que estas demandas se entrelazan con las prioridades del Gobierno, como la reducción de subsidios, lo que podría retrasar aún más los plazos previstos.

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