Contexto y alcance de la medida

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli, Luis Caputo y Mario Lugones, implementó modificaciones importantes en el Código Alimentario Argentino a través del Decreto 697/2026, según detalló El Cronista. La iniciativa se enmarca en la estrategia de desregulación impulsada por la administración actual y busca reducir la burocracia comercial y abaratar los costos operativos. La normativa extiende los cambios introducidos en enero de 2025, cuando el Ejecutivo flexibilizó el ingreso de productos elaborados provenientes de países con estándares sanitarios reconocidos por la Argentina, como informó La Nación.

Cambios en los procedimientos de importación

La norma modifica una serie de decretos vigentes desde hace décadas para adaptar el régimen sanitario a un esquema basado en el reconocimiento de certificaciones internacionales y en la simplificación de procedimientos administrativos, según explicaron los tres medios. Uno de los ejes centrales del decreto apunta a corregir una diferencia regulatoria que, según los considerandos de la norma, perjudicaba a la producción nacional: hasta ahora, se permitía importar alimentos terminados elaborados con determinados insumos, mientras esos mismos ingredientes no podían ser utilizados por fabricantes argentinos sin atravesar largos procesos de aprobación.

Con la reforma, los alimentos, aditivos, coadyuvantes de tecnología, ingredientes y envases certificados por los países incluidos en el listado reconocido por Argentina —o que apliquen las normas del Codex Alimentarius— quedan exceptuados de la incorporación previa al Código Alimentario. Solo deberán presentar la declaración jurada de importación correspondiente, sin que la autoridad sanitaria pueda pedir requisitos adicionales, según detalló El Cronista.

Plazos y nuevos controles

El decreto también fija plazos concretos para la administración pública. Según El Cronista, las autoridades sanitarias tendrán 30 días para expedirse sobre una solicitud de autorización de un producto; si ese plazo se vence, la empresa podrá comercializarlo igualmente con el número de trámite, mientras el organismo se reserva la posibilidad de inspeccionar y tomar muestras. Para los pedidos de incorporación de nuevos ingredientes, aditivos o procedimientos de elaboración similares a los ya importados, el plazo máximo pasa a ser de 60 días corridos.

Modificaciones para exportaciones

En sentido inverso, la norma establece que los productos destinados a la exportación deberán cumplir únicamente los requisitos que exija el país comprador, sin que la autoridad sanitaria nacional pueda imponer condiciones adicionales. El exportador podrá pedir los certificados que necesite cuando el destino lo requiera, según informó El Cronista.

Justificación oficial

El Ejecutivo argumentó que los cambios apuntaron a facilitar la importación, exportación y comercialización de alimentos y reducir costos regulatorios, según reportó El Cronista. Página/12 destacó que la medida, publicada en el Boletín Oficial, se aplica a productos elaborados en países con estándares sanitarios reconocidos por la Argentina y apunta a "eliminar exigencias" y "duplicación de controles".