Hechos principales

El Gobierno, mediante la Prefectura Naval, publicó un edicto que intimó a 536 practicantes a volver a prestar sus servicios en los puertos, tras la desregulación que ha dejado inmovilizados más de 100 buques cargados de energía, granos y otros productos.

Marco regulatorio

El Decreto 690/2026, publicado la semana pasada, desreguló la actividad de practicaje en los puertos, eliminando requisitos previos y generando incertidumbre entre los profesionales que guían a los buques en la navegación segura de canales y ríos.

Reacciones y sanciones

La Prefectura advierte que la negativa a prestar el servicio puede ser considerada falta grave, con sanciones administrativas y penales, e incluso la aplicación del Artículo 190 del Código Penal, que prevé de dos a ocho años de prisión por acciones que obstaculicen el servicio de practicaje/pilotaje.

“A todo evento se le hace saber que frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de sanciones disciplinarias (...) por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio”. Además, se señala que cualquier acción que facilite una medida de fuerza para interrumpir el servicio de practicaje/pilotaje quedará tipificada bajo el Artículo 190 del Código Penal de la Nación Argentina.”

— El Cronista